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como compañera de otro procesado, Emilio, y ambos residían en un chalet de la calle002 de Castelldefels con un menor, hijo de la pareja. No obstante, debe ser analizado si el Tribunal tenía la obligación de examinar ese aspecto de la acusación finalmente formulada. D) Que la contradicción sea esencial porque afecte a partes fundamentales del silogismo judicial, o a pasajes fácticos que necesarios para la subsunción jurídica; y, a la vez, causal no sólo por tratarse de expresiones imprescindibles, sino porque además determinen el fallo poniendo de manifiesto. Dicha autorización primero se manifestó verbalmente, en momento temporal no precisado, a los empleados de la entidad, y en entre otros al acusado Porfirio, a la sazón interventor del Banco de Valencia en Enguera desde el año 1994, y se materializó después en sendos documentos. Dentro del plan ideado por el acusado, valiéndose de los Poderes que le habían sido conferidos, y en representación de su administrado el día 13 de Octubre de 2003, adquirió 3200 acciones del Banco de Santander, 1900 del Banco Bilbao Vizcaya, 1000 acciones de Endesa. Cabe mencionar que el articulo 47 del Código Procesal Constitucional es copia del artículo 427 del Código Procesal Civil en su parte final que dice: Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de junio de 2008, declara fundada la demanda sosteniendo que la ONP no ha notificado al pensionista para que presente sus descargos antes de expedir la resolución de suspensión de pensión de jubilación, por. 18.3 CE, pues esta última norma para levantar el secreto de las comunicaciones exige resolución judicial sin mención alguna al Ministerio Fiscal. En el caso, el recurrente reconoce que la autoría del texto del documento en el que consta la firma falsificada le es atribuida de forma correcta. Con fecha 4 de setiembre de 2008 el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda por estimar que la suspensión no constituye una sanción, sino la medida aplicable a los funcionarios públicos que tienen. Los talones reseñados, unas veces, se rellenaban a máquina y otras a mano por Tatiana, y se firmaban con un simple garabato, en ocasiones, y en otras consignando una firma que trataba de parecerse a la de Justo. El recurso interpuesto por Grupo Torras,.A., como acusación particular, se basó en los siguientes motivos DE casacion: Primero.- Por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del art. 3.- En relación con la denegación de diligencias de prueba, a las que ya hemos hecho referencia, se trata de una cuestión que se ha canalizado también por la vía de la presunción de inocencia donde se hacen las reflexiones que se estiman adecuadas sobre. 386 y 387, todos del CP ). Y así, no cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base al Recurso, sino que el mismo ha de ser literosuficiente, es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior (1.

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